Sumar y seguir

Buenos Aires, 21 de noviembre (Télam, por Oscar González*).-

La sanción por el Congreso de varias leyes clave -recuperación del sistema previsional solidario, rescate de la aerolínea de bandera, democratización de la comunicación, asignación universal a la niñez- fue el logro de mayorías parlamentarias plurales que demostraron la voluntad política común de apuntalar cambios de indudable orientación progresista.

Aquella conjunción tuvo como protagonistas fundamentales a los legisladores oficialistas aunados a representantes de otras fuerzas, particularmente aquellas situadas a la izquierda del arco político, la llamada centroizquierda.

Esos avances llevaron desazón a quienes desde la vereda derecha del espectro pensaban que el famoso episodio de la 125 o acaso el resultado electoral de junio iban a obturar el ciclo de reformas iniciado en 2003.

Para recomponer el ánimo, cierta oposición se abonó al espejismo de que el 10 diciembre próximo, cuando se renueven ambas cámaras, habrá la ocasión de arrebatar espacios parlamentarios para condicionar al gobierno nacional e interceptar el camino de innovación política e inclusión social.

Pero sucede que la renovación parlamentaria permitirá la entrada en escena de una respetable representación de centroizquierda que, aunque no es un contingente unívoco, puede enriquecer el debate durante el año legislativo que abrirá la Presidenta el 1ø de marzo próximo.

Y como nada hace pensar que el rol del Parlamento se diluya y, menos que el Ejecutivo pierda la iniciativa de propiciar proyectos importantes, es oportuno reivindicar los mecanismos de acuerdo que llevaron a buen puerto las leyes decisivas cuya sanción honra al Congreso.

Hubo que poner flexibilidad, espíritu constructivo y hasta un cierto estoicismo de parte de los negociadores, lo que enaltece el objetivo alcanzado ya que las coincidencias no disolvieron las identidades de cada uno de los actores ni exigieron subordinación alguna.

Rescatar esa experiencia de articulación entre la centroizquierda y la representación oficialista a la hora de integrarse el nuevo Parlamento es sustancial para consolidar una verdadera política estatal de cambios que no puede imaginarse sin replicar y ampliar ese espíritu que imperó este año parlamentario que se cierra.

Lograr ese objetivo implica para el gobierno reconocer el valor y la riqueza de la diversidad y, para la izquierda democrática, superar el riesgo del narcisismo y el sectarismo.

Para ambos, significa constituirse en protagonistas de su propio relato.

*Ex diputado nacional del Partido Socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.

(Télam).-

Nuevo ataque de los enmascarados de siempre

El análisis de Oscar González*

En pleno disfrute de las libertades democráticas vigentes en nuestro país, un nutrido grupo de empresarios de medios de comunicación –estadounidenses y de otros países del continente– agrupados en la autodenominada Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se reunió en estos días en un fastuoso hotel de Puerto Madero para gozar del ocio y hostigar al Gobierno nacional.
Provistos de la artillería retórica con que vienen disparando desde los años ’50 contra todos los procesos de protagonismo popular en América latina –denigraron al peronismo, conspiraron contra Jacobo Arbenz en Guatemala y complotaron contra Salvador Allende en Chile– ahora agravian a la democracia argentina con afirmaciones falaces sobre la realidad.
Son meras declaraciones antojadizas sobre supuestas amenazas a la libertad de expresión, pero tienen un objetivo avieso: el de convertirse en materia prima para titular los diarios de sus socios locales y, por esa vía, contribuir a crear un clima de desazón en la opinión pública. Es lo que mejor saben hacer y no quieren perder: construir la agenda noticiosa en su provecho.
Agrupados en la defensa de intereses económicos propios y no tan ajenos, el de los segmentos privilegiados a los cuales rinden pleitesía desde sus páginas, estos señores previsiblemente incapaces de redactar por sí mismos un módico párrafo y mucho menos elaborar una crónica o un reportaje, arriban a estas latitudes enmascarados de periodistas, como si cultivaran ese noble oficio.
Naturalmente, la relación entre estos cruzados de la libre expresión y los trabajadores del sector se limita a la obligada entre patrones y empleados. Habría que determinar, acaso, si esas capacidades laborales son objeto de una contraprestación salarial adecuada, si rige el derecho de organizarse sindicalmente y si esos profesionales disponen de la libertad de publicar según sus propias convicciones, algo que sería poco menos que milagroso ya que en esos ámbitos la línea editorial no suele ponerse en discusión, Rápidos para denigrar a los gobiernos progresistas de la región –que resisten como pueden el asedio de los grupos monopólicos y el terrorismo mediático–, estos mercaderes de la información piensan que la mejor ley de prensa es la que no existe y por eso condenan la reciente norma que el Congreso Nacional sancionó con el objetivo de horizontalizar la comunicación y equilibrar el flujo informativo.
Así, escudados en una supuesta defensa de la libertad de prensa que encubre su libertad de empresa, esta organización patronal es consecuente con su propio itinerario: basta releer la Breve historia de la SIP, del intachable periodista que fue Gregorio Selser, para conocer la prosapia de estos personajes que, medio siglo después, siguen aún sumergidos en el sórdido clima de aquella lejana Guerra Fría, con tal de arremeter contra la democratización del continente. Un infausto objetivo que requiere como precondición evitar las nuevas voces y coartar la pluralidad de mensajes, perpetuando el silencio de los que aún no se hicieron escuchar.
* Periodista. Ex diputado nacional por el Partido Socialista

MACRI: LA POLITICA PRIVATIZADA. ESCRIBE OSCAR GONZALEZ

La privatización de la política de Buenos Aires


Por Oscar González*
Cuando, en octubre de 2007, Mauricio Macri ganó las elecciones para jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pocos recordaban que el empresario había sido uno de los pocos dirigentes argentinos que, nueve años antes, había repudiado la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet a pedido del juez español Baltasar Garzón.

En esa época, Macri era más conocido por sus apariciones en las revistas del corazón que por su compromiso político. En aquella ocasión, Macri consideró inadmisible la aplicación de la justicia universal a los violadores de derechos humanos.

Pero los años pasaron, y el poderoso empresario aprendió a disimular sus reflejos antidemocráticos mientras lograba inocular, en cierta opinión pública, la idea de que la astucia para ganar dinero era una virtud aplicable a la gestión de gobierno.

Eran tiempos en los que la política, como capacidad específica para administrar la cosa pública, y las ideologías, en tanto principios rectores de aquélla, se habían desacreditado suscitando el estallido de las representaciones políticas tradicionales.

Para muchos dirigentes residuales de las alas conservadoras de esos partidos maltrechos, el macrismo triunfante fue un imán y la posibilidad de relanzar una administración neoliberal, posmenemista, que en el nuevo escenario le diera continuidad a las políticas aplicadas en la década del 90.

Así fue como el nuevo jefe de Gobierno encaró su gestión con una concepción empresaria, armó su gabinete con los ejecutivos que lo habían acompañado en el holding familiar y lanzó un plan de gobierno en el que la contratación de obra pública -rubro fundacional del grupo- fue leimotiv de su gestión, aunque sus resultados son menos que exiguos.

La otra cara de la gestión macrista, vinculada menos directamente con los negocios con el Estado, permaneció durante algún tiempo en las sombras porque sus víctimas, los sectores más vulnerables de la sociedad, tienen restringida la voz y atenuada su visibilidad.

Así fue como se desarrolló un proceso expulsivo que salió a la luz a causa de la brutalidad de la recién disuelta Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), condensación del modelo de seguridad macrista destinada a erradicar violentamente a los "usurpadores" del espacio público.

Muchos se preguntan porqué Macri cometió tantos errores políticos que luego se vio forzado a revertir, como crear la UCEP, nombrar al comisario Jorge Fino Palacios (vinculado al atentado terrorista a la AMIA) al frente de la Policía Metropolitana , y luego al comisario Chamorro en el mismo cargo.

Para culminar con la contratación de Ciro James, que se dedicaba a espiar empresarios, al dirigente de Familiares de Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, y hasta al propio cuñado de Macri, en una muestra de promiscuidad digna del programa de televisión más amarillista.

La respuesta a esta pregunta está en la perspectiva clasista del jefe de Gobierno, que considera que lo que es bueno para él y su círculo económico y social privilegiado es bueno para la ciudad. No admite otra sensibilidad que no sea esa.

El propio concepto de "ciudad limpia" trasluce esa concepción de apropiación privada del espacio público, la misma que históricamente condujo a que el 60 por ciento de la superficie de propiedad comunal terminara en manos de grupos privados.

En ese esquema, que privatiza la política misma, la represión, en cualquiera de sus formatos, es el complemento indispensable para ejercer ese exclusivo derecho "de pertenencia", es decir de clase, idéntico al que invocan los dirigentes de la Sociedad Rural.

Es que no hay nada novedoso en la versión porteña del viejo modelo de exclusión y privilegio. Y el propio espía James es un emergente de esta noción de que el Estado es, por sobre todo, una franquicia para enriquecerse y un instrumento para usar en beneficio propio.

*Dirigente socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.